En nuestro país y en otros muchos, el aborto provocado no sólo está permitido, sino que está financiado con nuestros impuestos. Es así en todas las regiones, con gobiernos de cualquier signo político, y desde hace décadas. En Andalucía, por ejemplo, la Comunidad Autónoma paga hasta 5 abortos a la misma mujer, y en la práctica, no hay límite.